Marly Obredor

Cuando Erika llegó a Colombia con su hija de seis años, lo único que llevaba era una mochila, una carta de recomendación y un sueño: encontrar un lugar seguro para dormir y algún día poder trabajar como auxiliar de enfermería. Había salido de Maracaibo en 2018, caminando, vendiendo arepas en el camino, durmiendo en terminales. En su primer año en Barranquilla vivió en una habitación compartida con tres familias. No fue fácil.

Hoy, Erika trabaja en una clínica en esta capital. Cotiza al sistema de salud, paga arriendo, compra en tiendas del barrio y paga impuestos. Su hija está en octavo grado en un colegio público y quiere estudiar Medicina.

Como ella, más de 2,8 millones de migrantes venezolanos viven actualmente en este país, según datos de Migración Colombia. Aunque muchos llegaron en situación de vulnerabilidad, se han convertido en trabajadores, estudiantes, emprendedores, pacientes y clientes. En suma: en ciudadanos de facto.

En 2022, el Estado colombiano invirtió USD 494 millones en atender a esta población migrante. La mayoría de ese presupuesto se destinó a educación USD 318 millones y a salud USD 176 millones. ¿Demasiado? Tal vez. Pero no es un gasto, es una inversión con retorno.

Los migrantes venezolanos aportaron en ese mismo periodo USD 529 millones en impuestos a la renta, aportes a salud y pensión, así como impuestos indirectos como el IVA, a la gasolina y el consumo, según el informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones y otras entidades.

Erika no cruzó sola. Con ella cruzó una generación entera. Y Colombia no la recibió con caridad, sino con oportunidad. Cada paso de ella por el país deja huella: en el colegio de su hija, en la EPS donde se atiende, en los cafés que frecuenta. Su historia, como la de miles, muestra que detrás de los datos hay rostros, voces, vidas.

El informe revela que los migrantes venezolanos, como Erika, no solo consumen y generan empleo, también están emprendiendo. Muchos de ellos han creado pequeños negocios en sectores como la gastronomía, la confección, la peluquería o la mensajería. De hecho, según datos del estudio, la tasa de emprendimiento en población migrante es superior a la de la población nacional, aunque con menor índice de supervivencia empresarial. Esto significa que, pese a las dificultades, existe un espíritu emprendedor que necesita apoyo para consolidarse.

Es el caso de Víctor, un joven caraqueño que vive en Soledad (Atlántico). Con lo que ganaba vendiendo dulces en buses logró comprar una moto, y hoy tiene un pequeño servicio de entregas rápidas. Da empleo a dos personas más, también migrantes. “Lo que necesitamos no es lástima, es acceso a crédito y que confíen en nuestro trabajo”, explica.

Sin embargo, no todo es integración ni crecimiento. Las barreras siguen siendo altas: cerca del 80% de la población migrante permanece en la informalidad laboral. Muchas personas aún no logran acceder a un empleo digno, a seguridad social o a educación superior. La falta de documentos, el desconocimiento de sus derechos o la discriminación impiden cerrar esa brecha.

Los autores del informe hacen un llamado: fortalecer el Estatuto Temporal de Protección, acelerar los procesos de regularización, articular esfuerzos entre Estado, empresas y cooperación internacional, al igual que transformar la percepción ciudadana.

Porque al final, detrás de cada número hay una historia. Como la de Erika. Como la de Víctor. Como la de tantos que llegaron con las manos vacías y hoy, con dignidad, ayudan a sostener un país que también es suyo.