Marly Obredor

En las madrugadas de cientos de ciudades colombianas, millones de personas inician su jornada laboral sin contrato, sin garantías, sin un futuro asegurado.

Mientras tanto, en los salones del Congreso, se discute si garantizar sus derechos es un riesgo o una oportunidad.

El trabajo digno no es una amenaza. Es una inversión a futuro.

En medio del debate polarizado entre la visión del gobierno y las preocupaciones del sector empresarial, surge una narrativa necesaria: la construcción de un nuevo pacto social alrededor del trabajo digno, formal y productivo. Esta narrativa no parte de la confrontación, sino de la búsqueda de equilibrio entre desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad empresarial.

Tanto el Estado como el sector privado deben compartir un objetivo común: lograr un país más próspero, estable y competitivo. La clase trabajadora, que a menudo es la más invisibilizada en los grandes discursos, exige condiciones que no solo dignifiquen su esfuerzo diario, sino que también le permitan integrarse plenamente a la economía formal. Además, su bienestar debe considerarse clave para el fortalecimiento del mercado interno, la productividad y la cohesión social.

Rosa vende arepas desde hace diez años. Nunca ha tenido salud, pensión ni vacaciones. Pero su trabajo sostiene a tres hijos y paga un arriendo en Soacha. ¿Debe seguir siendo invisible en la economía formal?

Tras más de dos años de trámites burocráticos en el Congreso, se logró la aprobación de la reforma laboral promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta ha reunido a las principales voces empresariales del país, agrupadas en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para manifestar su preocupación por los posibles aumentos en los costos laborales, ya que argumentan que dichos incrementos podrían desincentivar el trabajo formal y generar desempleo, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

La preocupación empresarial es legítima. Pero, ¿es incompatible con el bienestar laboral?

Aquí es donde entra el corazón del debate: ¿puede una reforma dignificar el trabajo sin afectar la economía?

Más de la mitad del país trabaja en la sombra. Según datos del DANE, la informalidad en Colombia se mantiene persistentemente alta, superando el 57 % en abril de 2025. Esto significa que millones de colombianos trabajan sin seguridad social, pensión ni estabilidad. El Banco Mundial (World Bank Group, 2021) ha señalado que esta informalidad estructural no sólo genera desigualdad, sino que también debilita las cadenas de producción, ya que las empresas que formalizan las contrataciones de sus empleados compiten en desventaja frente a aquellas que no lo hacen. Este desequilibrio es un factor decisivo en la perpetuación de la precariedad social.

La reforma laboral busca enfrentar precisamente esa contradicción. Más allá del debate sobre recargos y horarios, lo que está en juego es si el modelo económico del país seguirá basado en la reducción de costos a expensas de los derechos laborales, o si se apostará por una economía donde el trabajo digno sea un pilar del crecimiento. Porque sí: dignificar el empleo también puede ser rentable.

El argumento de que mayores costos reducen el empleo no es lineal ni universal, ya que el fortalecimiento de los derechos laborales suele ir acompañado de mejoras en la productividad, menor rotación, mayor capacitación interna y un incremento en el consumo interno.

En lugar de ver la reforma como un obstáculo, podría asumirse como una oportunidad, ya que mejorar las condiciones laborales no es sólo una exigencia ética, también es una estrategia de competitividad. Las empresas que cuidan a sus trabajadores, que cumplen con la ley y que invierten en su bienestar tienden a ser más sostenibles y a construir mejores reputaciones ante inversionistas, consumidores y aliados internacionales.

Es cierto que se requieren mecanismos de transición para evitar que las pequeñas empresas se vean desbordadas. Pero también es cierto que seguir tolerando la precariedad no puede seguir siendo la salida fácil. Apostar por el trabajo digno, formal y protegido no es una utopía: es una necesidad si Colombia quiere avanzar hacia un desarrollo más justo, sólido y duradero, que le permita competir a la par de los países del primer mundo.

No se trata solo de cambiar leyes. Se trata de imaginar un país donde ningún colombiano tenga que elegir entre trabajar o sobrevivir. Apostar por el trabajo digno no es una concesión: es el camino más inteligente y justo hacia el país que queremos ser.

Artículo presentado por María Fernanda López Contreras, Gustavo Adolfo Márquez Hernández, Carmen Martens Pizzuto y Marly Luz Obredor Salazar para el Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de Unir y el Grupo Prisa